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Mire este mapa, ministro Gallardón:
En 2014, si se aprueba la ley cuyo anteproyecto acaba de anunciar, España pasará del color verde al color rojo, se alejará de los países de nuestro entorno y quedará así equiparada con los que, mayoritariamente en Latinoamérica, África y Oriente Próximo, prohíben o imponen duras restricciones a las mujeres que desean abortar. También con Polonia, Irlanda y Malta, las excepciones europeas en el mundo occidental a las que pronto se sumará nuestro país.
En 2014, las mujeres españolas que quieran interrumpir su embarazo -las que no hayan sido violadas, o cuyos fetos no sufran malformaciones que pongan en riesgo su salud- lo harán, diga lo que diga la ley. Si tienen recursos, podrán hacerlo con garantías y sin miedo:
en Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca, o en Grecia, por citar algunos países de nuestro entorno.
Otras lo harán de manera clandestina, como se hacía en este país -y lo recordamos con horror- hasta 1985.
No hay ley que pueda obligar a ser madre a una mujer que, por las razones que sea, no quiere serlo. Y tampoco su ley lo va a conseguir, Ministro, aunque sí agravará la situación de cerca de cien mil mujeres que cada año afrontan un embarazo no deseado.
Ministro, he perdido la cuenta de las veces que ha utilizado hoy en rueda de prensa la frase «las españolas que aborten no tendrán reproche penal» al presentar esta ley que endurece, castiga e imposibilita que, en la práctica, las mujeres puedan abortar. El énfasis melodramático con el que pronunciaba esta frase me hace preguntarme si realmente cree que la «falta de reproche penal» es un avance social, cuando la ley es un bofetón en toda regla a la autonomía y los derechos de las mujeres.
Además, Ministro, hace usted trampas al citar Naciones Unidas como avalista de su ley, cuando esta contraviene los acuerdos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos que España ha firmado, y cuando nada en la Convención de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad hace referencia a los nasciturus.
La «Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada» está inspirada por el ala más ultra y extrema de su partido, plegado a los sectores más rancios de la jerarquía católica, esa jerarquía que tanto añora las mujeres sumisas y obedientes. Es obvio que su partido es ideológicamente más amplio: en él se incluye también una derecha liberal, civilizada y socialmente avanzada, como la que en Europa convive o incluso promueve, sin contradicción, leyes de interrupción del embarazo muy similares a la ley de plazos que se propone derogar. Me pregunto si los diputados y diputadas populares de esa otra derecha van a tener libertad para votar esta ley en conciencia, y si se les permitirá votar en contra, abstenerse o ausentarse del Congreso cuando llegue el momento.
Ministro, esta ley no impedirá que haya nuevos abortos, pero sí aumentará la angustia y la desprotección de todas, y especialmente de las mujeres más jóvenes, más vulnerables y con menos recursos. Imponer a todas las mujeres una legislación inspirada en una moral y una ideología que no es compartida por la gran mayoría de la población es un gravísimo error. Que Mariano Rajoy asegure que da luz verde a esta ley «porque estaba en el programa electoral del PP» es, además, de un cinismo rampante. Hoy precisamente se cumplen dos años de su investidura como presidente del gobierno: qué regalo tan amargo, y tan innecesario, le ha hecho para celebrarlo, Ministro.
Monserrat Dominguez
The Huffington Post
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